- Se pone en práctica la carrera administrativa
- Se potencia un instituto de capacitación (Instituto Superior de la Carrera) que permite formar y reubicar a los trabajadores en áreas sensibles (confirmado por el sindicato).
- Se eliminan los contratos basura y se le da estabilidad laboral de planta permanente a 16.000 personas (confirmado por el sindicato).
- Se unifica la liquidación de haberes en un nuevo sistema informático único (¿alguien sabe cuántos había antes? ¿10? ¿20?)
- Se entrega la tarjeta de beneficios y descuentos "BAconvos", exclusiva para empleados
- Se depura la estructura de personal heredada de gestiones anteriores, recortando 11.600 puestos (mayoría de administrativos: 5000 jubilaciones, 4900 renuncias, 1600 fallecimientos y ceses; estoy redondeando).
- Se fortalecen las áreas sensibles de servicios al ciudadano: incorporando 2900 docentes; 4300 médicos, enfermeras y residentes, y 2200 policías; también redondeando.
- Se controla el presentismo y se descuentan las ausencias injustificadas de manera mucho más severa. Me consta que las auditorías de RRHH llegan a organismos donde nunca había habido inspecciones ("En esta lista dice que aquí trabajan estas 15 personas, podría hablar con ellas? Ah, ¿5 de esas personas no están? ¿Cómo puede ser?").
¿Qué más querés? Como contribuyente y vecino todo esto me pone feliz.
La planta de personal de la administración central del gobierno porteño se redujo por primera vez desde que la ciudad de Buenos Aires logró su autonomía.Tras la asunción de Mauricio Macri, hace cuatro años, fueron dados de baja 11.598 agentes -casi la mitad de ellos había superado la edad jubilatoria-, mientras que 7650 fueron incorporados como médicos, docentes y enfermeros, y 2178 ingresaron en la Policía Metropolitana .
Tras estos cambios, quedan en la estructura del nivel central del Estado porteño 123.813 empleados, contra los 125.583 registrados en noviembre de 2007; o sea, 1770 menos. No obstante, si se considera a los trabajadores nombrados para las mismas prestaciones -lo que deja de lado el alta de los efectivos de seguridad-, la variación alcanza a 3948 casos, un 3% menos (de 125.583 a 121.635).
Pese al recorte, todavía se gasta en salarios el 51 por ciento del gasto de la ciudad de Buenos Aires.
En 1996, cuando se declaró la autonomía porteña, la administración local contaba con 99.653 empleados en planta permanente, que fue creciendo a ritmo constante, sin que eso se tradujera en prestaciones más eficientes. Sólo entre 2002 y 2007 aumentó a un promedio de un agente cada tres horas, según números dados a conocer oportunamente por las autoridades precedentes.
De los actuales 123.813 trabajadores, el 42% tiene más de 50 años; otro 29% tiene entre 40 y 50; el 21% se sitúa entre los 30 y los 40, y hay un 8% de menores de 30 años. Los datos surgen del censo realizado por la ex Dirección General de Recursos Humanos hoy devenida en la Secretaría de Recursos Humanos, a cargo de Andrés Ibarra , un funcionario muy cercano a Macri, que fue gerente general de Boca Juniors.
El cambio de rango del área de Recursos Humanos no resultó casual: uno de los grandes desafíos de su gobierno fue la promesa efectuada a los ciudadanos de que eliminaría a los ñoquis y elevaría el nivel de eficiencia de la planta, a la vez que achicaría la burocracia para que los impuestos de los contribuyentes no pagaran sueldos de personal ocioso y poder destinar más a obras.
Durante los primeros años de la gestión se avanzó, ante todo, en relevar a los empleados de manera de saber cuántos eran exactamente y qué funciones cumplía cada uno. Luego, hubo acuerdos con los gremios para poner en práctica la carrera administrativa y un instituto de capacitación que permitiera formar y reubicar a los trabajadores en áreas sensibles. Y se eliminaron los llamados contratos "basura", lo que dio estabilidad laboral de planta permanente a 16.000 personas.
Además, se instrumentó un nuevo sistema informático de liquidación de haberes, que benefició a ambas partes: por un lado, permitió a las autoridades un mayor control y una mejor identificación de cada agente, por el otro, facilitó a los empleados un cobro más agilizado de los salarios.
"Los docentes interinos tardaban 150 días para cobrar; bajamos la demora a 60 días. En el caso de los docentes de las colonias de vacaciones, reducimos el plazo de 120 a 60", dijo Ibarra a LA NACION.
El funcionario asumió en recursos humanos hace un año, luego de un polémico paso por el área de Educación, en el que quedó involucrado en el escándalo de las escuchas ilegales, pero finalmente fue sobreseído por la Justicia.
Según explicó a LA NACION, la estrategia de personal "se basa en un cambio cultural, orientado a brindar una mejor calidad de servicio al ciudadano, tanto en lo visible -la atención al público en distintos establecimientos- como en lo invisible, por ejemplo, procesos más ágiles para la realización de obras públicas".
En ese sentido, para minimizar las resistencias al cambio e incentivar el involucramiento de los agentes con el logro de los objetivos, fue necesario brindar algunos beneficios a los empleados, como los mencionados acuerdos con los gremios. Asimismo, todos los trabajadores recibieron la tarjeta de beneficios BAconvos, exclusiva para empleados, con descuentos de hasta el 50% en 923 comercios adheridos.
En paralelo, el gobierno avanzó con la depuración de la estructura de personal heredada de gestiones anteriores. Durante la actual hubo bajas por un total de 11.598 personas (5042 jubilaciones, 4924 renuncias, 1632 fallecimientos y ceses). La mayoría de las jubilaciones se produjo entre el personal administrativo. "Existía un gran atraso. Por año, ahora, se jubilan unos 200", dijo Ibarra.
Como contrapartida, con el lema de apuntalar las áreas sensibles de servicios al ciudadano, el gobierno porteño incorporó 9828 agentes en los rubros más relacionados con el servicio al vecino: 2884 docentes; 4258 médicos, enfermeras y residentes, y 2178 policías.
Tanto los que vienen de antes como los recientemente contratados son sometidos a un control de presentismo más riguroso del existente previamente, que permitió al Estado descontar por inasistencias injustificadas casi $ 2.000.000 a los empleados entre enero y abril de este año. Durante todo 2010, habían descontado 1.566.000 pesos, muy por debajo.
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